divendres, 10 de febrer de 2012

Si Franco levantara la cabeza...


La semana pasada, fruto de la muerte de Manuel Fraga y de las declaraciones del gobierno español, se ha vuelto a abrir el debate entorno a qué hacer y cómo gestionar los monumentos y demás simbología que signifique hacer apología al franquismo.

Durante el año pasado, una comisión de doce expertos trabajó en un proyecto cuya finalidad consistía en dar una utilidad al Valle de los Caídos. Dicha comisión propuso exhumar los despojos de Franco para que éstos fueran trasladados a un cementerio. Toda una deferencia para los mal hallados cadáveres de miles de presos republicanos (unos 22.000) que allí descansan y que murieron ejecutados durante el franquismo. En el valle también se encuentra la tumba del falangista José Antonio Primo de Rivera, ajusticiado durante la guerra civil al ser acusado de conspirador.

La voluntad de los comisionados al proponer la exhumación del caudillo sería transmitir un hálito de tranquilidad a los familiares de las víctimas que allí reposan, puesto que los técnicos han asegurado que no será posible desplazar los cadáveres a un cementerio. Con el traslado de los restos del caudillo se conseguiría un doble objetivo ya contemplado en la ley de la memoria histórica. Por un lado, honrar las víctimas de la dictadura y de la guerra; y, por otro lado, dejar de exaltar el franquismo.

Teniendo en cuenta los antecedentes del PP respecto a la ley de la memoria histórica, aprobando únicamente 9 artículos de su totalidad, es muy probable que la voluntad del documento no se lleve a cabo, ya que el fallo no es vinculante.

A diferencia de lo que ya ha anunciado el Partido Popular, el gobierno socialista mostró su sensibilidad hacia las víctimas y sus familias aportando, desde su inicio, un total de 25 millones de euros en proyectos destinados a la apertura y dignificación de las fosas comunes y a la actualización de censos, así como a la búsqueda y clasificación de documentación. La Ley de la Memoria Histórica fue impulsada por el ejecutivo socialista en el año 2006 y aprobada en el congreso de diputados en diciembre de 2007 con el voto en contra del Partido Popular. La finalidad del precepto era reconocer y ampliar los derechos de todos aquellos que fueron víctimas de la Guerra Civil, la postguerra y la dictadura franquista.

El Partido Popular ya ha anunciado su intención respecto a este tema. Pretenden reabrir el monumento a las visitas turísticas, así como disminuir notablemente la partida de los presupuestos generales del estado destinada a recuperar la memoria histórica. Tampoco parece dispuesto a retirar los símbolos franquistas que aún se mantienen erigidos como es la cruz que corona el Valle de los Caídos o los símbolos franquistas que puedan restar en las vías públicas.

La voluntad del actual gobierno de España al anunciar la reapertura del monumento al turismo es una firme y contundente apología a la barbarie y a la criminalidad. No se debería permitir jugar con la sensibilidad de miles de familias que se vieron truncadas por la soberbia de un personaje trastornado que alimentó su egocentrismo y sus complejos con una guerra civil, una dictadura y con miles de muertes a sus espaldas.

Ciertos temas no deberían politizarse, yendo todos los políticos de la mano y al unísono a la hora de tomar ciertas decisiones, guiados por expertos en la materia y sin prevalecer los colores políticos. Esto hace un flaco favor a nuestra democracia, a nuestros ciudadanos y a la historia de nuestro país.

Un ejemplo flagrante de esta unidad política es el caso de la decisión tomada por el gobierno conservador alemán de la Cancellera Ángela Merkel. Asesorados, también, por un grupo de expertos, decidieron incinerar los restos de uno de los hombres de confianza de Hitler y más sanguinarios de la dictadura alemana. Los restos del militar asesino reposaron, durante años, en un cementerio alemán y eran motivo de visitas turísticas al país. Tras el proceso de incineración, se repartieron sus cenizas por las aguas del mar Báltico, consiguiendo, de esta manera, evitar que aquel cementerio fuera un lugar de peregrinación turística y de exaltación a la violencia. Todo un ejemplo a seguir por parte del gobierno español.

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